Funcionarios de prisiones piden el cierre de los talleres penitenciarios y un ERTE para presos

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Ante la extensión de brotes de coronavirus, el sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones, ACAIP-UGT, ha instado al Ministerio del Interior a cerrar los talleres en los que trabajan presos de aquellas cárceles que ya tienen prohibidos los contactos de los internos con el exterior.

En los talleres laborales penitenciarios «el contacto entre internos y monitores de empresas privadas se realiza de tal forma que resulta muy difícil respetar la distancia de seguridad, además de otros contactos necesarios para la producción, lo cual supone un altísimo riesgo de contagio del coronavirus», asevera un informe del sindicato.

El escrito alerta del doble riesgo que rodea a esta actividad. Abiertos, los talleres son considerados por los funcionarios como un vector principal de contagio, pues vienen a la prisión monitores y capataces de fuera a enseñar y dirigir a los presos. Y cerrados se crea un problema económico para los internos, que dejarían de percibir su salario, aumentando la tensión intramuros.

ACAIP-UGT plantea que en aquellos centros cuyos talleres deban permanecer abiertos «por cuestiones de excepcionalidad», se realicen pruebas diagnósticas al personal externo, generalmente monitores y mandos intermedios de las empresas contratistas.

Ya son prácticamente todas las cárceles que administra el Estado las que tienen restringidas las comunicaciones vis a vis, limitando el contacto de los presos con los familiares a entrevistas de locutorio, con cristal por medio. En las prisiones que rige la Generalitat, los vis a vis también están suprimidos, y se han implementado videollamadas para los presos con 200 teléfonos habilitados a tal efecto.

En Catalunya, el trabajo de los talleres penitenciarios no está suprimido en todas las prisiones, según fuentes penitenciarias. En las de Brians y Quatre Camins los internos trabajan por módulos, para evitar mezclarse. En otros centros la actividad ha disminuido, pero por la ausencia de suministros o encargos de las contratistas.

Miles de obreros

Actualmente desarrollan actividades en talleres penitenciarios una media de 12.279 presos al mes, en el mapa carcelario regido por Interior (toda España, menos Catalunya). Entre sus trabajos están desde los servicios de teleoperadores a la confección de prendas, empaquetado de mercancías, cableado de maquinaria y manipulación de productos alimentarios, en todos los casos encargados por empresas que han llegado a acuerdos de formación con Instituciones Penitenciarias.

El salario medio de los presos es de menos de 400 euros al mes. De esa mano de obra, solo un 5% cobra más de esa cantidad, y un 14% cobra menos de 100 euros. Para el presidente de Acaip, José Ramón López, «Los talleres deben servir para la reinserción socio-laboral de los internos y en ningún caso para el lucro empresarial». Según López, «en los talleres penitenciarios, a los internos trabajadores se les pagan salarios muy por debajo de lo que las mismas empresas pagan a sus trabajadores en el exterior».

En marzo pasado, con la declaración de pandemia, Acaip-UGT pidió por carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un programa de ertes para los presos cuyos talleres tuvieran que ser cerrados por razones sanitarias. La carta, lamenta el sindicato, «aún no ha recibido respuesta».

Factor de estrés

Cerrar los talleres penitenciarios podría cortar una vía de entrada del virus en las prisiones, pero podría ser «un factor añadido de estrés» en el interior si el cierre no viene acompañado de medidas adicionales. El informe del sindicato recuerda que, con el salario que perciben, los presos atienden «cargas familiares o asunción de la responsabilidad civil derivada del delito», o, también, se procuran una vida más holgada durante su condena.

Un 33% de las mujeres presas trabajan en talleres penitenciarios, con horarios que abarcan desde las 2 horas hasta una jornada completa de trabajo. Por centros, las cárceles que más empleo de este tipo albergan son la valenciana de Picassent y la alicantina de Villena, con medias superiores a los 400 presos que hacen jornadas de 25 horas o más a la semana.

En Catalunya, la central ACAIP ha reclamado la práctica de pruebas serológicas a todos los trabajadores penitenciarios «antes de que la curva de casos bloquee los servicios sanitarios», así como un protocolo de derivación y realización de pruebas para los funcionarios que hayan tenido contacto estrecho con contagiados de Covid-19.

[El Periódico]

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