Interior restringe los ensayos con presos tras el polémico experimento con electrodos

Instituciones Penitenciarias da un nuevo paso para extremar el control sobre los experimentos que se hacen con presos. Su máximo responsable, Ángel Luis Ortiz, dictó el martes una instrucción interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que fija los nuevos requisitos que deberá cumplir cualquier investigación con la población reclusa. La medida se toma después de que, el pasado mayo, Prisiones pusiera punto final por irregularidades a un experimento con electrodos en internos violentos que había provocado la queja del Defensor del Pueblo.

El nuevo protocolo del departamento dependiente del Ministerio del Interior sustituye a la instrucción interna que estaba en vigor desde 2005 y que había permitido que en 2016 —cuando gobernaba el PP— se iniciara en las cárceles de Huelva y Córdoba un experimento en el que se sometía a reclusos a estimulación eléctrica cerebral para estudiar su agresividad.

En total, 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio, se sometieron a un ensayo en el que les colocaron electrodos en la cabeza y, durante media hora, recibido una leve corriente de 1,5 miliamperios con el fin de activar su corteza prefrontal, un área del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. El experimento había tenido tres fases y los investigadores —coordinados por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California— habían solicitado a comienzos de este año permiso para una cuarta.

Supuestas irregularidades

Tras salir entonces a la luz pública las características de la prueba, Prisiones decidió, primero, suspender provisionalmente la autorización y, en mayo, “de forma definitiva”. Uno de los argumentos que esgrimió entonces Instituciones Penitenciarias fueron supuestas irregularidades en la información que se facilitó a los reclusos que se sometieron al ensayo. Entre ellas, que no se les informó de manera suficiente sobre la “efectividad y seguridad” de la prueba ni sus posibles “consecuencias a largo plazo no previstas o conocidas”.

El Defensor del Pueblo también mostró entonces en un informe “su preocupación” por aquel estudio científico precisamente por “las dudas sobre el otorgamiento verdaderamente libre del consentimiento dado por los internos”. En concreto, Instituciones Penitenciarias detectó en aquel experimento varias irregularidades referidas a los documentos que los presos firmaron como muestra de que participaban voluntariamente y que, según el informe que elaboró entonces, no cumplían los requisitos mínimos dadas las características de las pruebas a las que se iban a someter.

La nueva instrucción, que entrará en vigor a mediados de agosto, incide, precisamente, en la información que se facilitará a los reclusos para que estos decidan si intervienen o no en el mismo. “La voluntariedad de la participación de los internos en estas investigaciones habrá de quedar constatada documentalmente, por el procedimiento del consentimiento informado”, recalca el documento interno. Este añade que, además, se debe informar al recluso de “las características del estudio”. También de que su participación en el mismo no llevará aparejado ningún tipo de beneficio penitenciario.

“Beneficio objetivo”

Prisiones hace ahora además hincapié en que para que un estudio científico con presos sea autorizado este debe suponer “un beneficio objetivo y medible para los internos y para la Administración Penitenciaria, además de un avance en el estado científico de la específica cuestión que el estudio a aborde”. Para ello, los responsables del experimento deberán detallar, no solo la metodología que se va a seguir, sino también “los innovadores resultados que se esperan alcanzar”.
La nueva instrucción exige que los investigadores expliquen si los estudios que se quieren llevar a cabo se ha realizado “con la población libre y las específicas circunstancias en que éstos se han llevado a cabo”.

De no ser así, a partir de ahora la solicitud deberá fundamentar el porqué “se ha escogido a la población penitenciaria como única muestra de referencia”, además de garantizar “con medidas concretas que la investigación se va a llevar a cabo en las mismas condiciones de igualdad” que se aplicaría a otras personas en situación de libertad”. Hasta ahora, no se exigía que se explicara por qué se había con reclusos y no con otro tipo de población.