Las prisiones españolas se quedan sin médicos
El 37% de las plazas de médicos penitenciarios están vacantes. El motivo: cobran 1.400 euros brutos menos de media que un médico de atención primaria. Y todo porque dependen del Ministerio de Interior y no de Sanidad.
José Joaquín Antón, que lleva 30 años trabajando como médico en un centro penitenciario, ha contado su día a día a La Sexta: «Nosotros tenemos que ver salud mental, salud física, traumatología, medicina interna, infecciosos, absolutamente todo».
Y no solo tienen competencias exclusivamente médicas porque, afirma, también tienen que «ver a los sancionados, valorar la posibilidad de suicidio de los que ingresan o valorar durante el ingreso el que pueda tener alguna situación que pueda derivar en suicidio».
Sin embargo, a pesar de la carga de trabajo, los facultativos de las cárceles, que dependen del Ministerio de Interior, denuncian una brecha salarial enorme con respecto al resto de médicos dependientes de Sanidad.
Diferencias salariales
José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, asegura que «un médico en las prisiones cobra entre 1.300 y 1.400 euros brutos menos al mes que un médico en un centro de salud de cualquier comunidad».
La realidad es que casi el 40% de las plazas de médicos de prisiones están sin cubrir. Nadie quiere opositar, algo que, denuncian varias asociaciones, afecta negativamente al acceso y calidad de de la Sanidad para las personas privadas de libertad.
«Necesitamos medidas de urgencia porque si en un año o año y medio se jubila el 80% de los médicos, no sé cómo van a atender a los 50.000 internos con la alta prevalencia de enfermedad mental, hepatitis o VIH que hay», señala Ramón Espacio, presidente de CESIDA.
Carlos, en prisión durante años, sufrió en primera persona, dice, la ausencia de facultativos. «Me pasó de ponerme muy malo con fiebre y tener que pasar toda la mañana tumbado en una mesa para que luego viniese el funcionario y te mandase para la celda a golpes», cuenta. Además, relata que lo que algunos reclusos llegaban a hacer para acceder a la Sanidad era «cortarse las venas».
Por casos como este, la Sociedad Española de Sanidad penitenciaria exige que se cumpla la ley de 2003 que obliga a las comunidades a hacerse cargo de la atención sanitaria de la población reclusa.
